Desde
hace ya demasiado tiempo, la prensa en todos sus géneros
se
ocupa y preocupa reproduciendo no solo inquietudes populares, sino
sus propias reflexiones en torno a este tsunami de ilegalidades que
parece ahogarnos sin que a contrapelo de tanto discurso, haya una
acción enérgica.
En
la practica las incidencias de delitos e indisciplinas se manifiestan
en hurtos en entidades estatales, centros de producción, almacenes,
transportación y prestación de servicios a la población, en
unidades del Comercio y la Gastronomía, en los ferrocarriles,
centros educacionales y hospitalarios, lugares todos donde se han
sustraído volúmenes considerables de recursos y materias primas.
Según
un documento elevado a la dirección del Gobierno por la Comisión de
Defensa, Legalidad y Orden Interior de la Asamblea Municipal del
Poder Popular en el municipio Camagüey, la situación transita por
la falta de fiscalización y control por parte de los directores y
administrativos, por la debilidad de los sistemas de protección y
por la escasa gestión de los aparatos de dirección que contribuyen
a la realización de delitos e ilegalidades en las estructuras
económicas de base
Precisamente
por esa causa y hasta el cierre de junio de este año, asegura el
documento de la Comisión, fueron radicados 14 procesos penales por
el delito de malversación en los que resultaron penados directivos,
técnicos, funcionarios de departamentos, contables y obreros, entre
estos de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda, Base 02 de
Transporte Urbano, Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña,
Empresa Alimentaria, panadería del reparto Torre Blanca y la Empresa
de Servicios Técnicos Industriales en una larga lista en la que se
aprecia esa insuficiente fiscalización y control que en alguna forma
deben supervisar los consejos populares y circunscripciones.
No
hay dudas que en ese ámbito de ilegalidades e indisciplinas sociales
debe estar presente la acción que deben ejecutar organismos creados
para ello como la Dirección de Inspección y Supervisión, el Centro
de Control Pecuario y el Instituto de Planificación Física entre
otros, cuyas acciones deben encaminarse hacia los principales focos
que afectan a la sociedad, sin embargo es fácil advertir que en casi
todos los casos esa actuación es dispersa, mientras que las tímidas
acciones preventivas realizadas en la comunidad contribuyen al
deterioro de los valores cívicos y morales en la población.
Se
sabe, todos lo saben, por ejemplo, que existen actividades no
autorizadas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia y de
otras en que se realizan a la vista de todos. En lo actual esa
negligencia, falta de responsabilidad y tolerancia de quienes deben
de evitarlo, se transfunden en discursos descoloridos en los que
nadie ya cree, porque a la postre seguimos en la igual situación.
Es
cierto que en teoría los consejos populares y los delegados tienen
potestad para hacer muchas mas cosas de las que hacen, pero una cosa
es con guitarra y otras con violín, porque en no pocas oportunidades
chocan la falta de apoyo oportuno, la respuesta adecuada y el
incumplimiento de entidades comprometidas con la comunidad. Por otras
parte los delegados son reacios a hacerle el trabajo a otros
organismos transformando sus funciones de gobierno en el papel que
les toca como controladores y fiscalizadores para dedicarse a
registrar mostradores y contar larvas de mosquitos.
La
gente ya está acostumbrada a conocer lo que sucede con las
direcciones administrativas, que es donde se encuentran los máximos
responsables, que continúan con iguales problemas en la política de
cuadros, que siguen haciendo chapucerías, y que mantienen este
conveniente rejuego paternalistas y tolerante, y que siempre son los
mismos en un perpetuo “floting” de un lado para otro y muchas
veces para arriba, pero nunca jamas para abajo, aunque se conozca su
oportunismo, incapacidad, latrocinio y acomodamiento.
No
se puede. Ya no se puede seguir con el discurso en el que nadie cree.
Además,
parece que no muchos se dan cuenta de que ya no tenemos tiempo para
eso
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