En
febrero de 1901, el senador estadounidense Orville H. Platt, propuso
incluir un clausura para regular las relaciones entre el nuevo estado
independiente cubano y los Estados Unidos de Norte América, cuyo
ejército ocupaba entonces nuestra isla al concluir la guerra contra
España. La enmienda recibió el apoyo legislativo del Congreso y de
la presidencia de ese país y fue enviada a la Convención
Constituyente de Cuba para su aprobación.
La
enmienda que por supuesto respondía a los intereses de los Estados
Unidos, no contemplaba la jurisdicción de Cuba sobre el territorio
de Isla de Pinos; condicionaba a la vez el arrendamiento de ciertos
territorios y servicios; reforzaba la intervención política y
militar, y restringía las relaciones exteriores, limitando a la vez la
deuda pública, o sea, que convertía en absoluta colonia a nuestro
país. El 8 de junio el Secretario de Guerra estadounidense exigió a
los delegados cubanos a la Convención que la ley debía ser
cumplida tal cual fue aprobada por el legislativo, no estando el
Poder Ejecutivo de Cuba legitimado para modificarla, por lo que esta
enmienda se convirtió en condición de
facto
para la devolución de la soberanía.
